RESUMEN DEL REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19.
El Gobierno movilizará hasta 200.000 millones de euros, casi un 20% del PIB, para hacer frente al impacto económico-social generado por el coronavirus. Las medidas acordadas en el Real Decreto-ley del martes 17 de marzo de 2020, se centran principalmente en cuatro áreas: familias, trabajadores, empresas e investigación.
Ayuda a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad
El Gobierno ha aprobado una
moratoria en el pago de hipotecas a colectivos más vulnerables. La medida tiene como objetivo dar protección a las familias que más se hayan visto afectadas por el COVID-19, sufriendo un descenso notable en sus ingresos.
Se destinará una parte de la financiación a la
asistencia domiciliaria de personas dependientes, y se ampliará la
protección a los suministros de agua, energía y teléfono.
Protección del empleo
La medida más destacable se centra en la gestión de los
ajustes temporales a través de los ERTES. Estos serán considerados de
fuerza mayor. En este caso, se exonerará a los empresarios de la aportación empresarial de las
cuotas de la Seguridad Social.
Los trabajadores tendrán
derecho a la prestación por desempleo aunque no cumplan el requisito establecido.
No les computará a efectos de cobro de prestación por desempleo.
Respecto a los asalariados, se contempla que puedan reducir su jornada de trabajo para
atender las necesidades de conciliación derivadas de esta crisis.
Asimismo, se establece el
teletrabajo como medida que favorece la flexibilidad.
Liquidez a las empresas
Según el Presidente “el Estado va a proporcionar al tejido empresarial toda la liquidez que necesita para mantenerse operativo” y no permitirá que “los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia”.
Con este objetivo, se ha aprobado la creación de una
línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también se incorpora el sector privado.
Las Administraciones Públicas ayudarán a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público.
Se facilitará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía y se acelerará la implantación de programas de
apoyo a la digitalización para que sea más accesible el teletrabajo.
Recursos para la investigación
El Gobierno dotará con 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III. El
objetivo primordial es reforzar la investigación científica para desarrollar una vacuna para el COVID-19.
